A finales de los 90’s y comienzos del 2000, el accionar paramilitar obligó a los habitantes de la vereda La Trinidad (jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena), a abandonar sus predios y posteriormente a escriturarlos a nombre de testaferros del grupo armado. La orden impartida por ‘Jorge 40’ de asesinar a los parceleros que se rehusaran a pagar las cuotas económicas establecidas por el grupo armado, contribuyó no sólo con el éxodo de sus habitantes sino con el despojo de sus tierras.

De acuerdo con los documentos de contexto y los testimonios de los desplazados, la vereda La Trinidad vivió la época más crítica en materia de ataques a partir de 1997. Aunque por años esta comunidad trató de soportar el espiral de violencia que azotaba a la región, el incremento de las amenazas, las extorsiones, las desapariciones forzadas y los homicidios, finalmente la obligó a desplazarse a varias poblaciones de la Costa Caribe, con la intención de salvaguardar su integridad, buscar un poco de paz y reiniciar su vida.

La Unidad de Restitución de Tierras – Territorial Atlántico indicó que las sentencias representan para estas familias un triunfo en la reivindicación de sus derechos sobre la tierra. Así mismo, precisó que en uno de los casos, son los hijos los que lograron el amparo a su derecho a la restitución de tierras, puesto que sus padres, quienes eran los propietarios de los predios despojados, ya fallecieron por su avanzada edad.

“A través del acompañamiento brindado por la Unidad a estas familias, se puede hacer un seguimiento a las sentencias emitidas por los jueces especializados. De esta manera, estas personas pueden gozar efectivamente de derechos, tales como: el alivio de pasivos, los proyectos productivos, los subsidios de vivienda y las garantías de no repetición”, dijo la directora de la Territorial Atlántico, Ella Del Castillo.

Del Castillo señaló que la masacre de cuatro campesinos en el 2001, terminó siendo el detonante que generó el éxodo de las personas que residían en la población. Así mismo, indicó que dado el creciente número de solicitudes de ingreso al registro, que evidencia la densidad histórica del despojo, impulsó a la Unidad a concentrar sus esfuerzos en este lugar. De ahí que en septiembre de 2013, la entidad decidió catalogarla como zona prioritaria.